ARGENTINA . Regulaciones del Gobierno frenan inversiones en las Telecomunicaciones

En agosto del 2020, en plena pandemia del Covid-19, el presidente Alberto Fernández publicó el Decreto 690 que convirtió a la industria de las telecomunicaciones en servicio público esencial y le dio potestad al Estado nacional para regular los precios del sector.

En concreto, la medida convirtió a las llamadas empresas TIC en servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia y las puso bajo jurisdicción del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para que el organismo que preside Claudio Ambrosini garantice “su efectiva disponibilidad”.

Con su entrada en vigencia, el organismo oficial pasó a autorizar aumentos máximos y se generaron planes básicos universales (PBU), en otras palabras, prestaciones mínimas a precios preestablecidos.

Sin embargo, la mayoría de las operadoras del sector recurrió a la Justicia para frenar el avance del Estado sobre sus estrategias comerciales y también sobre sus ingresos provenientes específicamente de la venta de sus servicios, cuyos valores quedaron supeditados a las decisiones del Enacom.

En el marco de las Jornadas Internacionales de ATVC que se llevaron a cabo en el hotel Hilton de la zona porteña de Puerto Madero hasta este jueves 10 de noviembre, el debate sobre el impacto del Decreto 690 en las inversiones de la industria fue uno de los temas de mayor debate.

Por caso, durante el panel sobre el presente y futuro de la industria, Enrique Carrier, director de Carrier y Asociados, aseguró que a partir de la sanción de esas medidas, las empresas dejaron de invertir. Lo hizo al presentar un análisis del ecosistema digital y de la conectividad en Argentina y la región.

“Hoy, Argentina cuenta con una infraestructura de telecomunicaciones razonable, que está en un proceso de recambio”, aseguró el experto para quien la industria de la banda ancha está por encima de la de cloacas o la red de gas, con el agregado de que llegó sin ser servicio público, en una clara alusión al cuestionado decreto presidencial.

Para Carrier queda claro que el mero hecho de ser servicio público “no soluciona las cosas mágicamente”, sino que se logra a partir de los millonarios desembolsos hechos por las compañías.

En ese sentido, realizó un recorrido por algunos de los números más relevantes de la industria de las telecomunicaciones como el que muestra que entre el 2010 y el 2020 se realizaron inversiones por u$s20.000 millones o a razón de u$s5 millones diarios; se generó una participación en el PBI del 2,7% y un aporte del 5%.

También recordó que tres grandes actores representan el 83% de los ingresos como son los de móvil; telefonía y TV y banda ancha.

Además, explicó que la velocidad promedio es de 52 megas, con un ARPU de u$s16 y de 73% de tecnología por cobre que para el experto “está en un proceso de reemplazo por la fibra” mientras que las tecnologías inalámbricas se mantienen en crecimiento constante.

“El cablemódem, por su parte, crece en pisada actual pero no se expande, amplió Carrier para quien en lo que respecta al mercado móvil, en la actualidad hay 59 millones de líneas, con un ARPU de u$s5, dato importante, ya que muchas veces se demandan servicios de calidad e innovación y se miran como ejemplos países como Estados Unidos que tiene un ARPU de u$s38. “Tenemos prontamente la subasta de 5G en Argentina, para el primer trimestre de 2023, que despierta muchas dudas”, advirtió Carrier para quien “la existencia de la infraestructura marca la diferencia entre vivir en el siglo 20 o el siglo 21”.

Para el experto, la industria debe atravesar una gran cantidad de desafíos como los de seguir mejorando y expandiendo la capacidad de las conexiones existentes, llevar conectividad a áreas remotas y de baja densidad poblacional, financiar nuevos despliegues y mejoras en un contexto complejo con un capex creciente e ingresos a la baja.

A partir de este escenario, Carrier le pidió al Gobierno resolver el problema del DNU 690, homogeneizar requisitos para los despliegues, promover un plan de servicio universal con visión estratégica, redes estatales que complementen a las privadas en un modelo mayorista, moderar la avidez recaudatoria en despliegues y disminuir la carga fiscal de los servicios.

Fuente: Andrés Sanguinetti / es-us.finanzas.yahoo.com