INDUSTRIA / BUSINESS
ARGENTINA . Por qué podrían no cumplirse los plazos previstos para el 5G
La noticia de que finalmente se licitará la telefonía 5G en el “primer trimestre” de 2023 en Argentina, según dijo el presidente del regulador Enacom, Claudio Ambrosini, es sólo aparente.
Es aparente, por un lado, porque la novedad del anuncio no es tal.
Ya lo había dicho el propio Ambrosini el 12/10 en el Smart City Expo World Congress, en Santiago del Estero (“el año que viene”).
Y lo había afirmado el ministro Sergio Massa, el 28/9, cuando defendió el proyecto de presupuesto en el Senado (“en febrero de 2023”). Y antes lo anticipó otra vez Ambrosini, el 17/9, a Radio Brisas de Mar del Plata (“primeros meses de 2023”).
Y lo dijo el vicepresidente de Enacom, Gustavo López, a la agencia oficial de noticias Télam el 14/9 (“el año próximo”).
Y una vez más ya lo había anunciado indirectamente Ambrosini, el 17/7 a Perfil (2023, porque “este año no creo que lleguemos”). Y nuevamente lo mencionó, aunque esta vez fijando un plazo distinto, el mismo titular del Enacom el 14/2 en AM530 (“ya tenemos listo el pliego”) y el 12/2 en Tiempo Argentino (“en seis meses”).
Sin embargo, la oposición en el mismo Enacom se ha limitado a no decir casi nada, ni pidió explicaciones concretas sobre el tema.
Pero la noticia es también aparente porque existen factores que apuntan en contra de su factibilidad. Por un lado, dilaciones provocadas por promesas incumplidas previas, agravadas por situaciones conflictivas actuales.
Por otro lado, hay cabos sueltos que también conspiran contra una materialización efectiva de la idea o, por lo menos, de que se haga apropiadamente.
En marzo de 2021, en una “prueba” que se realizó en el Enacom con la presencia de Ambrosini, Massa y el entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se afirmó que la implantación del 5G requería “una limpieza del espectro” y un “plan de espectro”. Este último —según el coordinador de Asuntos Técnicos del Enacom, Sergio d’Uva— “estará este año” [por 2021].
El plan de espectro sigue desaparecido en acción. Para el mismo ya se hizo una consulta pública en 2019 (es decir, ya no hace falta auscultar más la opinión o requerimientos de partes interesadas en este punto, ni seguir analizando la situación del mercado).
Es difícil, ante este panorama, que no vengan a la mente las palabras desidia e improvisación. Lo único que se ha hecho es “identificar” las bandas que pueden usarse para el 5G en Argentina (resolución 2199 del Enacom de diciembre de 2021).
Se trata de una declaración que —como se diría en inglés— es un no brainer, considerando que ya lo han hecho, hace rato, organismos multilaterales y países vecinos.
En realidad. esas bandas ya estaban semi-individualizadas en Argentina por el llamado “Documento base sobre la identificación de desafíos y necesidades de espectro radioeléctrico”, dado a conocer por la Secretaria TIC en 2019.
“Identificar” las bandas no es lo mismo que un plan de espectro, ni es igual a tener un reglamento de especto actualizado. Ni siquiera equivale a difundir un cronograma anticipatorio de la licitación o concurso (más adelante se verán las diferencias) para el 5G.
Por otro lado, Argentina vio pasar desde fines de 2019 tres ministros de Economía, cuatro subsecretarios TIC (incluso uno que se fue, regresó y se volvió a ir). Y experimentó un cimbronazo provocado por el DNU que estableció el control de precios en las telecomunicaciones y, ahora, un caótico e imprevisible festival de regímenes cambiarios diferenciados.
Chile, Brasil y República Dominicana ya licitaron e implantaron el 5G con redes “puras” y en decenas de ciudades, mientras México, si bien no ha licitado aún espectro, tiene un extenso servicio 5G “no dedicado” DSS, es decir, sobre bandas de frecuencia 4G (lo que deriva un menor rendimiento), en 50 mercados. El caso de otros países latinoamericanos es similar.
Tanto México como las otras naciones licitarán el 5G “puro” en 2023, con planes de espectro ya trabajados, así como regímenes claros de obtención y uso de divisas.
Estas cuestiones se ven ciertamente agravadas no solo por los consuetudinarios problemas macroeconómicos argentinos, sino también por otras circunstancias.
El vicepresidente de Enacom, Gustavo López, dijo en un tuit de abril de 2021: “Cuando licitemos el 5G, el que no cumplió con el decreto 690 no va a poder participar”.
De mantenerse esta posición, esto dejaría afuera a todos los operadores actuales, que solicitaron una cautelar —concedida por la justicia de acuerdo a principios consagrados por la Constitución, típicos de cualquier estado de derecho— contra el control de precios dictado por el DNU 690.
Al mismo tiempo, López había manifestado que los diálogos con las empresas sobre una posible desjudicialización de la situación no continuaron porque “pedían como condición quitar la declaración de servicio público”. Pero esa política, dijo a este medio a mitad de año, “está dando sus frutos”.
En cambio, el entonces subsecretario Mateo Gómez Ortega había dicho poco antes que el DNU “requiere una revisión” para “desjudicializar la situación”, ya que “el resultado no fue bueno”.
La disparidad de enfoques se vincula a alineamientos políticos, con todo lo que implican ideológicamente, pero también con el juego de suma cero que supone un gobierno parcelado como el de Alberto Fernández.
En efecto, López responde a Cristina Kirchner, Ambrosini a Massa y Gómez Ortega estaba en su momento alineado con el actual jefe de Gabinete Juan Manzur, cuyo “volumen político” nunca se hizo efectivo.
Fuente: Roberto H. Iglesias / IProfesional