Alguna vez escribí que los medios de comunicación estatal, es decir pertenecientes al Estado Nacional, por caso LRA1 Radio Nacional Buenos Aires y la red de 49 emisoras distribuidas en el resto del país, deberían estar gestionadas por profesionales y no por beneficiarios de favores políticos cuyas profesiones o actividades están reñidas con la Radiofonía.

Y para muestra…

¿Paso a enumerar? Bioquímicos, dirigentes políticos, vendedoras de ropa, maestras, actores, músicos, camareras, especialistas en marketing, periodistas sin experiencia, gente sin profesión ni oficio conocido o relacionado con la Radio y amigos de funcionarios públicos, entre la gran variedad de colores existente…

Todos amigos y entenados de legisladores del partido de turno y punteros zonales que digitan quien va y quien queda al frente de una emisora del Estado Nacional. A esto le daría una licencia si como dije, al menos fueran profesionales del medio, y esta es una diferencia sustancial.

Ahora bien, esto tiene algunas miradas.

En principio, se pone de manifiesto la desvalorización de lo que esos medios representan para las audiencias (la gente) de las regiones afectadas, evidente falta de respeto a aquellas personas que en algunos casos tienen a la Radio como único medio para informarse y consumir contenidos. Esa indiferencia revela que la consideración hacia ellos está muy lejos de ser alcanzada.

No está demás decir que cada comunidad tiene sus propias demandas y eso debe estar reflejado en una buena programación, producida y gestionada por los profesionales de la zona geográfica donde se encuentre la Radio y cuyo director debe velar por su cumplimiento efectivo.

Bien, esta modalidad de colocar a dedo a los directores de una Radio perteneciente al Estado Nacional, es una práctica de larga data: unos 40 años aproximadamente y ya se ha naturalizado. Y no significa que sea lo correcto.

No obstante que haya “caído” un profesional del medio en la gestión de una emisora puede ser simplemente una casualidad, o fue promovido o solicitado por el personal regular, algo legítimo y democrático por cierto. Pero aquello no es óbice para que el sistema continúe sin visos de al menos, ser revisado.

Pero como nobleza obliga, es cierto por otra parte que, en la actualidad al frente de algunas de las 49 emisoras hay profesionales que, o eran parte de la Radio o vienen de fuera con una profesión afín, pero en muchos casos sin experiencia.

La ley 26.522 contempla que los directores propuestos deben ser nombrados por concurso (normativa que no está siendo respetada y mucho menos aplicada actualmente por el mismo gobierno).

¿Pero cuál sería la realidad hoy en algunas Radios del sistema?

Directores que no se comprometen con la gestión y se mantienen ausentes, dejando en muchos casos la Radio al garete, equipos de transmisión deteriorados y desactualizados (algunas filiales fueron reequipadas) y en muchos casos mal reparados, plantas transmisoras sin el mantenimiento apropiado, se han registrado casos de vandalismo por falta de personal necesario, desequilibrio en las plantas de personal.

En algunas Radios solo hay 13 personas, y en otras unas 40 y subiendo de acuerdo al tamaño de la filial. ¡Y por supuesto, no podía faltar el favoritismo!

¿Esto es producto de que no hay profesionales para contratar? ¿Que nadie quiere trabajar en una emisora del Estado, o porque no hay una política de medios adecuada que contemple todos estos casos mencionados? ¿O una mala gestión?

Profesionales hay de sobra en nuestro medio que evidentemente no concitan el interés esperado, sumado esto a una deficiente gestión desde los escalones más altos. Y la política de medios brilla por su ausencia.

¿Qué sería contar con una política de medios?

Pues bien, contar con una política de medios significa que el Estado tiene un conjunto de normas, regulaciones, procedimientos y directrices por las cuales se rige el funcionamiento de los medios de comunicación dentro de su territorio. En este caso la Radio.

Una política de medios puede tener por objetivo garantizar la pluralidad de opiniones, promover la transparencia y la rendición de cuentas y proteger los derechos de los ciudadanos en relación con la información que reciben a través de los medios de comunicación.

La Radio Pública, en realidad no es tan pública, es del Estado Nacional y por lo tanto “intercambio” para uso político partidario.

Y en eso se convierten las filiales que, en algunos casos van a parar a dirigentes desempleados y a gente que nadie sabe de dónde sale pero que están allí, a cargo de un medio de comunicación y asumiendo una responsabilidad para la que no están formados.

Y esto es vox populi, solo hay que observar quienes dirigen hoy algunas de las filiales de Radio Nacional.

Estas emisoras fueron concebidas para llevar el servicio de Radiodifusión a lugares donde antes no lo había, para comunicar a esas comunidades con el mundo, para contrarrestar la penetración de Radios de países vecinos y evitar así la infiltración cultural a través de los contenidos emanados de aquellas estaciones.

Hoy es un servicio indispensable en las zonas más despobladas de nuestro territorio donde la Radio llega con su mensaje y sus prestaciones necesarias e irrenunciables como la Patagonia, el NOA y el NEA donde la asistencia de las escasas estaciones comerciales no es suficiente o no alcanza a satisfacer las demandas de las audiencias.

Las filiales de Radio Nacional, no pueden ni deben ser el premio de favores políticos, sino parte de una estrategia de comunicación más amplia que incluya la formación de aquellas personas, de esas ciudades, pueblos, comarcas y regiones, y deben ser fuente de información y de compromiso con las comunidades y su crecimiento. Y más aún cuando el dinero para su mantenimiento proviene del erario público.

Significan un capital irrenunciable que no puede ser regalado a funcionarios ajenos a la actividad que quieren “apropiarse” del medio para su influencia y manejo discrecional, son patrimonio de las comunidades que deben ser representadas a través de ese canal de comunicación.

A las Radios del Estado Nacional las han convertido en moneda de cambio, por lo tanto, tiene que modificarse el actual sistema de nombramientos que huele a descompuesto, porque en ese proceso se llevan puesta a la gente y a todo lo que la Radio representa.

Concluimos entonces, que al no haber regulaciones, ni ley ni política de medios, el mismo Estado/gobierno, da vía libre a las acciones para que prevalezca el statu quo.

(La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual estuvo sujeta a modificaciones por el gobierno anterior y desnaturalizada su aplicación debido a numerosas instancias judiciales, ademas de ser denostada en los hechos por la actual Administración)

Las audiencias merecen una mejor calidad de servicios Radiofónicos.

Escribe Horacio Barrios, Periodista, Locutor, Productor, asesor e investigador independiente de Radio, nacido en Comodoro Rivadavia. De extensa trayectoria en el medio, habiendo colaborado activamente con Radio Rivadavia, Radio Continental y Radio Nacional, y ejerció en los Informativos de Radio 10, FM Mega, Radio del Plata, América 24 TV de Capital Federal, y en LU9 Radio Mar del Plata, LU6 Emisora Atlántica y Canal 10 de la ciudad balnearia, lleva escritos un centenar de artículos sobre la radio y publicó varios libros sobre ese medio de comunicación y dio charlas en Universidades de Argentina y del exterior sobre radio.