En el último mes la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (Conatel) cerró varias emisoras radiales por diferentes motivos. De hecho, el miércoles 21 de septiembre fueron tres estaciones de Radio cerradas, en menos de 24 horas, solo en el estado Zulia. En menos de un mes dio orden de cierre a 14 emisoras en la mencionada entidad.

El director de Medianalisis, Andrés Cañizalez, comentó en entrevista concedida a Radio Fe y Alegría Noticias este viernes 23 de septiembre, durante el programa De Primera Mano, que se han cerrado más de 200 emisoras en el país en los últimos años.

Zulia es el estado que encabeza la lista con más emisoras cerradas en este mes. Sin embargo, en otros estados del país como Cojedes y Sucre se han cerrado masivamente emisoras radiales.

Para Cañizalez estos hechos significan una estrategia para ir cerrando espacios comunicacionales, bajo una “cadena de un cierre silencioso, pero continúo”.

Manifestó con preocupación cómo se ha visto una pasividad sobre estos hechos que se presentan con arbitrariedad, porque Bonatel no está haciendo el proceso de notificación al medio, como se establece en la ley y tampoco le dan su derecho a defenderse.

“La gente no se puede acostumbrar a que de un día a otro se cierre un medio de comunicación”, exresó Cañizales.

Además, subrayó que esta práctica de cierres de emisoras radiales tiene “cierto paralelismo” con Nicaragua: los gobiernos van cerrando emisoras por días y locales como parte de algo cotidiano.‌‌

Los últimos cierres de estaciones han sido condenados por organizaciones como Espacio Público y por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) porque transgrede el derecho a la libertad de expresión y el derecho a una sociedad informada.

“Una vez más condenamos el cierre de espacios para la difusión de información, lo cual afecta directamente la libertad de expresión, uno de los pilares de la democracia”, escribió Espacio Público vía Twitter.

Cabe señalar que Espacio Público también ha contabilizado 332 medios cerrados en Venezuela entre 2003 y 2022.

Fuente: Radio Fe y Alegría

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Según se resolvió, Martín Sabatella, deberá pagar 720 mil pesos a los abogados del Grupo Clarín tras haber perdido un juicio penal en el que fue condenado a seis meses de prisión en suspenso por “abuso de autoridad”.

La Cámara Federal de Casación Penal, rechazó un planteo de la defensa del funcionario contra la imposición de que se haga cargo de los honorarios de los abogados Hugo Wortman Jofré, Anabella Castillo y María Masanti.

Los tres llevaron adelante la querella por el Grupo Clarín contra Sabatella por una conducta que le cupo cuando era titular de la Autoridad Federal del Servicio de Comunicación Audiovisual (AFSCA).

En 2020, un tribunal oral condenó a Sabatella a seis meses de prisión en suspenso e inhabilitación por un año para ejercer cargos públicos por supuestas presiones ilegales contra el Grupo Clarín para forzarlo a cumplir con la readecuación que establecía la Ley de Medios Audiovisuales en relación con la cantidad de medios de que podía ser dueño.

El fallo, que fue confirmado por la Casación en 2021, establecía que, por el “principio de la derrota”, Sabatella debía pagar los honorarios de los abogados del Grupo Clarín, que fueron establecidos en 80 UMA que  equivale a 9.001 pesos, razón por la cual el fallo –firmado por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos- ratifica la condena para que Sabatella pague a los abogados la suma de 720.080 pesos.

Fuente: Forbes

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El fiscal federal Franco Picardi pidió la elevación a juicio oral de la causa en la que el empresario Mariano Martínez Rojas (quien simuló haber comprado el diario a Sergio Szpolski) junto a otras 14 personas, acusadas por la irrupción en las instalaciones del diario Tiempo Argentino y Radio América en la madrugada del 4 de julio de 2016.

Una patota irrumpió en el edificio en el que funcionaban ambos medios de comunicación, maltrató a los trabajadores que estaban allí y causó daños al mobiliario, las instalaciones, los servidores y otros elementos informáticos, en un atentado contra la libertad de expresión en su forma más violenta.

“El accionar de las personas imputadas provocó una grave afectación del derecho al trabajo y a la libertad de expresión y de prensa de los comunicadores del diario Tiempo Argentino y Radio América, así como también, vulneró el derecho a la información de la sociedad a través de los mencionados medios de comunicación», sostuvo Picardi en su dictamen.

La imputación se ciñe a los presuntos delitos de “usurpación, daño, interrupción de las comunicaciones y robo”. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi debe ahora cerrar esta etapa de instrucción y enviar el expediente a la etapa de juicio propiamente dicha.

Martínez Rojas, sindicado como el ideólogo del plan, utilizó para concretarlo los servicios de Juan Carlos Blander, responsable de una empresa de seguridad privada, a quien se le atribuye haber organizado el grupo agresor que ingresó por la fuerza al edificio de la calle Amenábar 23, en el barrio porteño de Villa Crespo.

Martínez Rojas y Blander fueron acusados como coautores y el resto de los imputados: Gabriel Moraut, Henry Castro Vargas, Carlos Ruiz Díaz, Carlos Antivero, Marcelo Caña, Pablo Batista, Diego Chaves, Esteban Díaz, Rodrigo Roldán, Juan Carlos Moreno, Ovidio Ramírez, Omar Ontivero y Alejandro Marostica Spahn fueron considerados por la acusación como “partícipes necesarios”, y merecedores de la misma pena en caso de condena.

Tras ingresar violentamente al edificio, los agresores “recorrieron las instalaciones y, a medida que encontraron a los pocos trabajadores que se hallaban laborando un fin de semana y durante la noche, los obligaron a abandonar el edificio, para lo cual utilizaron amenazas y violencia física».

El fiscal sostuvo que los imputados «provocaron graves daños en diversas instalaciones y en los sistemas informáticos emplazados en el inmueble, destruyeron principalmente cables de red, el servidor interno del diario y el servidor de internet, las redes de telefonía y, además, sustrajeron el disco rígido del servidor central y un switch para la conexión de internet, todo lo cual resultaba imprescindible para el funcionamiento del diario Tiempo Argentino y de la Radio América».

Martínez Rojas justificó su accionar en que era el “dueño” de ambos medios de comunicación, pero la fiscalía le replicó que «al momento de los hechos la redacción del diario Tiempo Argentino se encontraba administrada por la ‘Cooperativa de Trabajo Por Más Tiempo Limitada’. Ello, luego de que la empresa Balkbrug S.A. dejara de abonar tanto los sueldos de los empleados como los cánones locativos del inmueble”.

Ante el lock out patronal –añade el dictamen- “los trabajadores recurrieron al Ministerio de Trabajo de la Nación para que mediara en la situación, habiendo constituido la cooperativa el 19 de abril de 2016 para asegurar la continuidad de los puestos de trabajo y conservar los bienes”.

Martínez Rojas ya había intentado “tomar por la fuerza el establecimiento donde funcionan los medios en cuestión”, según quedó acreditado en el expediente. Los delitos por los que están imputados los agresores contemplan penas que llegan hasta los ocho años de prisión.

Fuente: Néstor Espósito @nestoresposito/ tiempoar.com.ar