La asunción de la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis, no implicaría mayores cambios en la situación de las comunicaciones, según coincidieron varios representantes del sector consultados por iProfesional.

Gustavo López, vicepresidente del ENaCom y vinculado políticamente al Instituto Patria, señaló por su parte a este medio que “no influye de ninguna manera el cambio ministerial” ya que “el organismo que regula la materia es el ENaCom”.

“Argentina tiene problemas de conectividad”, había proclamado Batakis tan pronto asumió su cargo. Pero se estaba refiriendo a su propia situación.

Señaló que en su barrio, cerca de La Plata, “habían robado los cables” y —además— “no hay casi señal” celular. Por esta razón, adujo, no la ubicaban durante largas horas mientras la habían designado para la cartera económica.

Más allá de hasta qué punto la anécdota sea real, puede tomarse como una gran metáfora que incluye a la situación política, la económica, la social y las telecomunicaciones.

El DNU 690, promulgado sorpresivamente por el gobierno en agosto de 2020 y en medio de la pandemia, alteró el régimen legal de las comunicaciones existente desde hacía décadas, declarándolas en su totalidad un “servicio público”.

El fin último de la medida era implantar el control de precios en un rubro donde no lo había y sobre prestaciones ofrecidas por dos, tres o cuatro entidades en la mayoría de los casos.

También se creaba una “prestación básica universal” (conectividad para sectores en desventaja) cuyo costo debía ser obligatoria e íntegramente soportado por los operadores.

La norma se enfrentó a un rechazo de virtualmente todos los prestadores de telecomunicaciones (grandes, chicos, nacionales, extranjeros, empresas, cooperativas), aun de parte de entidades de mejor diálogo con el gobierno, las que plantaron objeciones a los funcionarios inicialmente en privado.

A partir de entonces y a dos años del DNU, la situación de las telecomunicaciones es evaluada con una óptica muy distinta, según se trate del gobierno o de la mayoría de los prestadores, en medio —quizás— de la indiferencia o resignación de los usuarios.

Ariel Graizer, de Cabase (cámara de Internet que por un fallo judicial ha sido reconocida como representante “del colectivo afectado” por la norma), dijo a iProfesional que el DNU ha sido “una decisión errada”, la que dio lugar a “un contexto nocivo que lleva ya dos años”.

El directivo fue enfático en señalar que “la inversión, mantenimiento y upgrade de las redes” se detuvo en 2020 y sigue “sin recomponerse”. Señaló que “la tasa de crecimiento resulta demasiado baja pensando en el objetivo de la universalización del acceso”.

Grazier recuerda que la participación de fibra óptica en Argentina es del 17% de las conexiones: “en Uruguay es del 80%; Brasil, 62%; y Chile, 56 %”, con tasas de crecimiento en esos países que precisamente se incrementaron notoriamente en la pandemia, aprovechando la intensa demanda de la sociedad en la cuarentena.

Ninguna de esas naciones controla los precios de esos servicios ni existen en ellas restricciones significativas de acceso a divisas o controles de cambios que puedan afectar las actividades: numerosos insumos de esos servicios (desde hardware y enlaces hasta señales de TV) deben pagarse en dólares.

Consultado por este medio, Ariel Fernández Alvarado, presidente de la cámara de prestadores cooperativos Catel, espera que la asunción de la ministra “garantice el financiamiento” de las “necesarias inversiones”, considerando el hecho antes apuntado de elementos o servicios que no se fabrican en el país.

Al mismo tiempo dijo que “el efecto del DNU ha sido especialmente negativo para las cooperativas”. Agregó que “la regulación de tarifas ha sido un congelamiento que nos ha afectado muchísimo”.

Necesitamos tener previsibilidad, afirmó el directivo cooperativo, así como “una hoja de ruta”. Es importante “definir un modelo” que signifique para las cooperativas tener “claridad en relación a los precios”.

Señaló Fernández Alvarado que “es natural que los precios de las cooperativas TIC sean bajos” y destacó que “reinvierten sus ganancias”. Y aun así “cumplimos con la regulación [del DNU 690], lo que complejiza aún más la situación para nosotros”.

Para Gustavo López, de ENaCom, “en pandemia fue necesario acotar los aumentos de precios, primero congelando y después regulando” ya que “se habían agravado las condiciones socioeconómicas”.

“En ese contexto y cuando las empresas intentaron un segundo aumento, se dictó el DNU”, afirmó.

Las telecomunicaciones “pasaron a ser imprescindibles para la vida cotidiana y requerían un nuevo marco regulatorio para que ninguno quedara fuera por razones económicas”.

López dijo a iProfesional que se pasó de una penetración del 65,79% de los hogares con internet fija (diciembre de 2019) a otra del 70,46% de los hogares conectados (fines de 2021). “Es decir, un millón de nuevos hogares conectados”, durante el periodo que incluye la pandemia.

Semanas atrás, en el evento del sector denominado Internet Day, opinó que los accesos de fibra son una deuda “que no tienen nada que ver con el DNU 690” y que las conexiones de fibra pasaron del 13% (2019) al 18% (2022).

Al asumir Juan Manzur la jefatura de Gabinete, en septiembre de 2021, se iniciaron contactos entre su vicejefe Jorge Neme y el sector TIC para intentar “destrabar” y “desjudicializar”la situación. Numerosos prestadores habían presentado demandas contra el DNU 690.

Las declaraciones del nuevo secretario de Telecomunicaciones y Conectividad, Mateo Gómez Ortega, avanzaron por el mismo andarivel. Había dicho también en Internet Day que “el DNU claramente requiere una revisión”, ya que derivó en “una situación no feliz” que hay que “desjudicializar”.

Pero Gustavo López, si bien calificó como “razonable y lógico” el ofrecimiento que hizo la Jefatura de Gabinete, reveló a renglón seguido que “los diálogos no pudieron avanzar ya que las empresas establecieron como condición quitar la declaración de servicio público”.

El gobierno, afirmó el vicetitular del Enacom, “puede discutir la implementación, pero no la esencia, que es la declaración de servicio público, ya que consagró un nuevo derecho ciudadano y que además ratificó la Cámara de Senadores”.

A partir de 2021 el ENaCom autorizó varios aumentos, los que fueron detallados por López entre “enero de 2021 y julio de 2022” de acuerdo a la siguiente tabla que suministró especialmente para este medio:

Comunicaciones móviles (prepaga, 50 Mbps/día) 50%
Comunicaciones móviles (mixta, pospaga) 45,7%
Telefonía fija (100 mil o más accesos) 38,8%
Internet (100 mil o más accesos, más de 50 Mbps) 42,1%
Internet (menos de 100 mil accesos, más de 50 Mbps) 71,7%
TV paga (100 mil o más accesos – básico) 40%
TV paga (menos de 100 mil accesos – básico) 70,9%

En suma, tras el congelamiento de agosto de 2020 y los aumentos que se autorizaron desde 2021 hasta mediados de este año, el incremento dispuesto por el ente regulador en las categorías indicadas fue de 38,5% a 71,7% (un promedio aproximado de 55%).

En ese mismo periodo la inflación, según cálculos de iProfesional basados en el IPC del INDEC, fue de 129,3%.

Tanto Graizer de Cabase como Fernández Alvarado de Catel coinciden a grandes rasgos con estas cifras (las del Enacom y las del retraso calculado). Para Cabase, los aumentos autorizados fueron aproximadamente de un 47% con un retraso del 60%.

Para Catel “sin contar el 2020”, “estamos un 15% abajo sumado a un 20% del año pasado”, informó Fernández Alvarado. “Necesitamos que esto se corrija”, proclamó.

Pero el titular de la cámara cooperativa precisó que “la situación es despareja” porque las cooperativas “son las que siguen cumpliendo con el DNU”. Esas cooperativas “no se han presentado en la justicia y no tienen cautelares siquiera que les permitan incrementar sus tarifas al ritmo de la inflación”.

En abril de 2022 se renovó por seis meses la cautelar a Telecom Argentina SA (Personal). Cuentan también con ese tipo de amparo judicial Movistar y Telecentro.

Cabase y la asociación de cable ATVC obtuvieron cautelares colectivas y/o en representación de sus afiliados.

Pero los jueces no se han pronunciado aun sobre la inconstitucionalidad del DNU y del control de precios, la llamada “cuestión de fondo”.

La última cautelar, dicen desde Enacom, vencerá en octubre de 2022. Para ese entonces, según Gustavo López, “se aplicará la legislación vigente y siempre se mantendrá un marco de diálogo con el sector”.

Ariel Graizer, por su lado, dijo: “Yo no sé lo que va a pasar [cuando finalicen las cautelares], pero estamos planteando una cuestión de fondo. Necesitamos una industria competitiva y reglas claras”.

Fuente: iprofesional.com / Roberto H. Iglesias

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