Se comunicó oficialmente el aumento de 5% para los servicios de internet, telefonía y televisión por cable desde enero de 2021 y se anunció el nuevo Precios Cuidados del sector (las Prestaciones Básicas Universales, o PBU), con planes subsidiados para más de 10 millones de argentinos y servicios móviles de voz y datos que costarán 1 dólar por mes. Desde entonces, una frase se repite de la boca de empresarios y especialistas del sector: “Imposible de implementar”.
Además del reclamo por un aumento que consideran muy bajo luego de un año de tarifas congeladas –en un contexto en el que ya hablan de negocio poco sustentable y con empresas en riesgo de subsistencia– aseguran que los nuevos beneficios, que incluyen a jubilados, desocupados y titulares de la AUH y otros planes, alcanzarán a muchas más personas. En rigor, explican, como es casi imposible el control sobre quiénes podrían ser reales beneficiarios y quiénes no, casi todos los argentinos están en condiciones de solicitarlos.
A las críticas de Telefónica y Claro, que Infobae detalló esta mañana, horas más tarde se sumó Telecom. “Los números hablan por sí solos y son conocidos por las autoridades. Un aumento del 5% no nos permite seguir trabajando como lo hicimos hasta ahora”, dijo la empresa que controla también a Personal y Cablevisión. “Si este es el camino que el Gobierno Nacional elige para el sector de la industria TIC, será también el de las oportunidades perdidas”, agregó.
Alguien que no tiene línea fija, en cualquier punto del país, podría pedirla, se la tienen que instalar en cinco días hábiles y pagará 380 pesos por mes
“Yo presidí el Enacom y el organismo de telecomunicaciones de la OEA, y participé en la OCDE y la ITU (la Unión Internacional de Telecomunicaciones). En todos estos organismos se habla de que las normas se construyen con diálogo y mesas de consenso con la industria. Nada de eso ocurre en Argentina. Alberto Fernández rompe con todo lo firmado en materia de libre competencia desde el 2000. Fijaron reglas que ellos mismos incumplen”, detalló Silvana Giudici, directora del Enacom por la oposición.
Giudici asegura que el universo de posibles beneficiarios es inabarcable y que siguiendo los parámetros de pobreza de la UCA habría una base de 18 millones de personas que estarían en condiciones de acceder a los servicios con “precios cuidados”.
“Además, los reglamentos están hechos sobre la base de normas que vienen de la privatización de la telefonía y de la licitación de espectro móvil que se hizo en 2014. Si el Enacom en un mes no responde si a un cliente le corresponde el beneficio o no, el servicio básico puede quedar asignado también a gente con poder adquisitivo. O sea, 44 millones de argentinos están en condiciones de pedir el servicio y se los tendrían que dar hasta comprobar su condición fiscal o social según el listado de beneficiarios aprobado”, detalló la funcionaria.
Enrique Carrier, especialista en telecomunicaciones y titular de la consultora Carrier y Asoc., asegura que la PBU es algo que en la teoría está bien, pero coincidió en definir al plan como “muy generoso”. “Además de que las dejan aumentar muy poco, las empresas terminarán subsidiando a todos sus clientes. Otra duda: ¿cuál será el aporte del Estado? ¿Le van a sacar el IVA a la PBU? Si no aportan nada se tratará de un subsidio privado. ¿Van a compensar a las empresas o nunca lo harán? El Estado no aporta nada en este contexto, al menos por ahora. Es un ‘seamos solidarios, pero el dinero lo ponés vos’”.
El economista de FIEL y experto en temas regulatorios Santiago Urbiztondo es otra de las voces que afirma que el universo para el servicio básico es muy amplio y recuerda que en los 90 se estableció un fondo de servicio universal con el 0,5% de la facturación, que luego se aumentó a 1 por ciento. “No veo ninguna mención a la utilización de ese fondo. Es una práctica internacional que no altera la competencia, es algo súperconocido en la Argentina que ahora parece borrarse de un plumazo. Les dicen a las empresas ‘tienen que dar este servicio a este universo muy amplio y costoso, fináncienlo’. Es chocante, descabellado”, afirmó.
Juan José Villar es dueño desde hace siete años de una empresa prestadora de Internet que tiene poco más de 500 clientes en Traslasierra, Córdoba. Está desesperado.
“La medida es absolutamente irresponsable ya que apunta a vender a pérdida, literalmente”, le escribió a Infobae esta mañana por correo electrónico. Cuenta que paga $700 el megabyte a un proveedor privado mayorista y que son precios dolarizados. “Arsat es el prestador de internet vía fibra óptica a nivel nacional. Vendía en dólares y el año pasado pesificó los abonos: vende el mega mayorista, en pesos, a un precio sensiblemente superior al que quiere el Gobierno que se pague por dos. Es decir, el mismo Estado vende más caro de lo que pretende que cobremos los privados”, aseguró.
Fuente: Sebastián Catalano / Infobae