Cuando todavía genera polémica que Orlando Barone cobró $15 millones de indemnización de la TV Pública y está previsto que Roberto Caballero cobre el año que viene más de $40 millones de Radio Nacional, ahora se sabe que otro periodista K, Jorge Halperín, cobró una indemnización de $46 millones de Radio y Televisión Argentina (RTA).
La empresa estatal que maneja Radio Nacional y la TV Pública le pagó $37,4 millones en febrero pasado, en el juicio que inició Halperín, de los cuales $27,9 fueron para el periodista K y el resto como honorarios de su abogado Leandro Recalde y del perito contador, según el expediente judicial al que accedió Clarín.
Esos periodistas emitían facturas, pues habían sido contratados por sus afinidades políticas con el gobierno de turno.
El abogado Leandro Recalde es hermano del senador camporista Mariano Recalde e hijo del exdiputado K Héctor Recalde, actual integrante del Consejo de la Magistratura, entre cuyas funciones está la de controlar y proponer la designación de jueces federales y nacionales, entre ellos los del fuero laboral.
RTA ya había pagado en ese mismo juicio de Halperín otros $9 millones en abril del año pasado, que a valores actuales son otros $19,9 millones. Y el periodista K reclama que la empresa que maneja Rosario Lufrano le pague otros $5 millones más de “sumas adeudadas”.
El dato surgió del informe que presentó el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, en el Congreso de la Nación, donde respondió por escrito 629 preguntas de los senadores. Allí el funcionario aseguró que en RTA “se registran 13 juicios con sentencia para cobro por un monto aproximado de $194.219.544”.
Rossi proporcionó esa información como respuesta a la pregunta N°107, del senador radical fueguino Pablo Blanco, donde el jefe de Gabinete proporcionó el número de expediente de cada uno de los periodistas que iniciaron esos reclamos. Además dijo que hay otros 50 juicios, sin sentencia judicial, ante la consulta del senador opositor.
No incluyó en esa información los juicios de Carlos Barragán, Edgardo Mocca, Carlos Polimeni y Nora Veiras (directora del diario Página/12), entre otros, así como tampoco el de Hernán Brienza, titular del Instituto de Capacitación Política del Ministerio del Interior, que podrían cobrarle otros $200 millones a la empresa estatal que maneja Lufrano.
Se trata de ex conductores, panelistas e invitados al programa 6,7,8, que también eran conductores o columnistas en diferentes programas de Radio Nacional, y se consideraron despedidos a principios de 2016, cuando la gestión macrista discontinuó sus programas, al cambiar la programación de la emisora radial.
Fuente: Alejandro Alfie / Clarin.com
