Medios
ARGENTINA . Radio Junín y La Verdad se presentaron en Procedimiento Preventivo de Crisis
Se llevó a cabo la audiencia de conciliación en el marco del Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) presentado por la empresa PINCÉN S. C. P. A. propietaria de LT20 Radio Junín y el Diario La Verdad, propiedad del Arzobispado de Mercedes-Luján.De la audiencia participaron representantes de las empresas eclesiásticas, junto a sus abogados y dirigentes de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), junto a su asesor legal, además de los representantes de FATIDA. Ambas empresas periodísticas pretenden despedir personal, en algunas secciones, y por otra parte reducir los sueldos de los asalariados que sigan cumpliendo con la actividad.El planteo del Procedimiento Preventivo de Crisis, fue rechazado de plano por el sector de los trabajadores en su conjunto. “Se dejó en claro que las acciones propuestas por la empresa son absolutamente repudiables en el momento socioeconómico que vive el país porque además violan los decretos y leyes vigentes dictados en el marco de la emergencia sanitaria”, remarcaron los representantes gremiales.La empresa, por su parte, señaló que desde hace años viene sobrellevando una situación de crisis que se agravó por el contexto de pandemia por la que se vio obligada a presentar este Procedimiento Preventivo de Crisis en el que, dentro de otras acciones, contempla la desvinculación de un número importante de trabajadores de ambos medios.
En el intercambio de posiciones, La Verdsd y PINCEN replantearon la decisión y propusieron retirar el PPC para generar “un marco de diálogo que intente resolver mediante algún tipo de acuerdo con los trabajadores y trabajadoras del sector una solución al momento que se está atravesando”.Desde el gremio de trabajadores de prensa (FATPREN) manifestaron estar dispuestos al “diálogo siempre y cuando no se produzcan despidos ni se afecte el bolsillo de las y los trabajadores con ninguna disminución de salarios”.
Asimismo, y en función del cambio de posición por parte de la empresa, la dirigencia de la FATPREN reclamó “el respeto a las condiciones laborales, obligaciones salariales y aportes por parte de la empresa”.“Como siempre, toda solución y eventual negociación será en consulta con las bases de los trabajadores y trabajadoras del sector”, recalcaron los gremios.PPCSebastián Córdova-Moyano, socio del Estudio Córdova Francos Abogados, explica que el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), nacido en 1991, es un procedimiento administrativo (ante la Secretaría de Trabajo y con intervención del sindicato representativo) que las empresas deben seguir antes de comunicar despidos o suspensiones.
“Esto debe ser por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas, que afecten a más de 15% de los trabajadores en empresas de menos de 400 empleados; a más de 10% en empresas de entre 400 y 1000 empleados, o a más de 5% en empresas de más de 1000 empleados. Dados esos porcentajes de trabajadores afectados, se podrá disponer la desvinculación mediando el pago del 50% de la indemnización por antigüedad”.
En una asamblea realizada por los trabajadores de la Radio pública se rechazó por unanimidad el acuerdo salarial firmado por la dirección de la emisora y los gremios paritarios, al considerar que la suma ofrecida es claramente insuficiente, frente a la caída del poder adquisitivo de los salarios del sector.
La pauta salarial estipulada para este primer semestre es el 28%, muy lejana a las proyecciones oficiales.
“Aún falta realizar la asamblea del turno noche pero en principio se resolvió rechazar el acuerdo e integrarnos al plan de lucha que comenzó a realizarse en la sede central de la Radio en Capital Federal”, explicó el delegado de ATE Córdoba, Gonzalo Puig.
ATE reclama un 53% de recomposición de los haberes para el primer semestre del 2023.
La asamblea también reclamó que se ponga en marcha el pase a planta permanente largamente prometido por la patronal y que aún no se concreta.
“Debe efectivizar a las y los contratados de las emisoras de Nacional de todo el país”, concluyó Puig.
Fuente: Prensa ATE Córdoba
Carlos Julio Gurumendi retoma los medios de comunicación en WQ Radio.
El periodista compartirá en Al Cierre Informativo con Luis Antonio Ruiz, su amigo de muchos años, y Kenji Zevallos. Dice estár feliz de regresar a lo que le apasiona.
El comunicador con más de 30 años de trayectoria había hecho una pausa a la profesión periodística para dedicarse a trabajar en “otra plataforma, a seguir prestando la ayuda y atención a los problemas de la comunidad guayaquileña”.
Gurumendi es un hombre muy creyente, la fe se la inculcó su madre, Gloria, muy devota de la virgen de Guadalupe.
Fuente: WQ Radio.
Cuando todavía genera polémica que Orlando Barone cobró $15 millones de indemnización de la TV Pública y está previsto que Roberto Caballero cobre el año que viene más de $40 millones de Radio Nacional, ahora se sabe que otro periodista K, Jorge Halperín, cobró una indemnización de $46 millones de Radio y Televisión Argentina (RTA).
La empresa estatal que maneja Radio Nacional y la TV Pública le pagó $37,4 millones en febrero pasado, en el juicio que inició Halperín, de los cuales $27,9 fueron para el periodista K y el resto como honorarios de su abogado Leandro Recalde y del perito contador, según el expediente judicial al que accedió Clarín.
Esos periodistas emitían facturas, pues habían sido contratados por sus afinidades políticas con el gobierno de turno.
El abogado Leandro Recalde es hermano del senador camporista Mariano Recalde e hijo del exdiputado K Héctor Recalde, actual integrante del Consejo de la Magistratura, entre cuyas funciones está la de controlar y proponer la designación de jueces federales y nacionales, entre ellos los del fuero laboral.
RTA ya había pagado en ese mismo juicio de Halperín otros $9 millones en abril del año pasado, que a valores actuales son otros $19,9 millones. Y el periodista K reclama que la empresa que maneja Rosario Lufrano le pague otros $5 millones más de “sumas adeudadas”.
El dato surgió del informe que presentó el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, en el Congreso de la Nación, donde respondió por escrito 629 preguntas de los senadores. Allí el funcionario aseguró que en RTA “se registran 13 juicios con sentencia para cobro por un monto aproximado de $194.219.544”.
Rossi proporcionó esa información como respuesta a la pregunta N°107, del senador radical fueguino Pablo Blanco, donde el jefe de Gabinete proporcionó el número de expediente de cada uno de los periodistas que iniciaron esos reclamos. Además dijo que hay otros 50 juicios, sin sentencia judicial, ante la consulta del senador opositor.
No incluyó en esa información los juicios de Carlos Barragán, Edgardo Mocca, Carlos Polimeni y Nora Veiras (directora del diario Página/12), entre otros, así como tampoco el de Hernán Brienza, titular del Instituto de Capacitación Política del Ministerio del Interior, que podrían cobrarle otros $200 millones a la empresa estatal que maneja Lufrano.
Se trata de ex conductores, panelistas e invitados al programa 6,7,8, que también eran conductores o columnistas en diferentes programas de Radio Nacional, y se consideraron despedidos a principios de 2016, cuando la gestión macrista discontinuó sus programas, al cambiar la programación de la emisora radial.
Fuente: Alejandro Alfie / Clarin.com
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